Cuando el exceso de regulación termina perjudicando a quienes pretende proteger

Las regulaciones estatales suelen perseguir objetivos legítimos: proteger a los consumidores, garantizar derechos, promover la competencia o preservar la seguridad. Sin embargo, el problema aparece cuando esas regulaciones se vuelven excesivas, complejas o desproporcionadas.

En esos casos, lejos de solucionar problemas, pueden generar efectos económicos negativos que terminan perjudicando precisamente a los sectores que buscaban proteger.

Entre las principales consecuencias pueden destacarse las siguientes:

1. Menor creación de empleo

Cuando contratar personal implica elevados costos, una excesiva carga administrativa o importantes riesgos jurídicos para las empresas, la consecuencia suele ser una menor contratación de trabajadores.

En Uruguay, a mi juicio, existe un marco regulatorio laboral particularmente exigente que incrementa el denominado "pasivo laboral". Esa situación desalienta nuevas inversiones y dificulta la generación de empleo formal.

2. Aumento de los precios

Toda regulación tiene un costo de cumplimiento. Cuando ese costo es elevado, las empresas normalmente lo trasladan al precio final de los bienes y servicios.

Un ejemplo puede encontrarse en determinados segmentos del mercado de medicamentos. En algunos casos, la complejidad regulatoria incrementa significativamente los costos, dificultando el acceso de las personas de menores ingresos a productos esenciales para su salud.

3. Menor competencia

Las grandes empresas suelen contar con departamentos jurídicos, contables y administrativos capaces de cumplir con regulaciones complejas.

Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, muchas veces no disponen de esos recursos, lo que genera barreras de entrada y reduce la competencia, favoreciendo la concentración del mercado.

4. Mayor informalidad

Cuando cumplir con todas las obligaciones regulatorias resulta excesivamente costoso, muchas pequeñas empresas y trabajadores independientes optan por permanecer en la informalidad.

Paradójicamente, una regulación diseñada para ordenar el mercado puede terminar reduciendo la formalización y disminuyendo la recaudación del propio Estado.

La experiencia uruguaya

Uruguay conoció durante décadas un régimen de fuerte regulación del mercado de alquileres.

Los controles sobre los contratos, las dificultades para recuperar los inmuebles y otras restricciones desalentaron la inversión inmobiliaria, redujeron la oferta de viviendas en alquiler y contribuyeron al estancamiento de la construcción.

La posterior incorporación del régimen de libre contratación permitió recuperar gradualmente el dinamismo del mercado y ampliar la oferta habitacional.

Regular cuando sea necesario, pero con equilibrio

Los mercados, en la mayoría de los casos, poseen mecanismos propios de ajuste y coordinación.

La intervención estatal debería reservarse para aquellas situaciones en las que existan fallas de mercado relevantes, posiciones monopólicas, riesgos para la seguridad, la salud pública o la protección efectiva de derechos.

Cuando la regulación sea necesaria, debería reunir al menos cuatro características fundamentales:

• Ser equilibrada.

• Ser sencilla.

• Ser proporcional al problema que pretende resolver.

• Ser predecible para quienes invierten, producen y trabajan.

Conclusión

El exceso de regulación suele generar costos económicos y sociales que terminan afectando a consumidores, trabajadores y empresas.

Un Estado moderno no debería medirse por la cantidad de normas que dicta, sino por la calidad de sus regulaciones.

Regular menos, pero regular mejor, constituye muchas veces la forma más efectiva de proteger el interés general, promover la inversión y favorecer el crecimiento económico.