La primera Rendición de Cuentas de este Gobierno: un análisis crítico

La Rendición de Cuentas cumple dos funciones fundamentales. Por un lado, informa al Parlamento sobre la ejecución del Presupuesto Nacional del ejercicio anterior, detallando los ingresos, los gastos y el resultado fiscal. Por otro, permite introducir modificaciones al presupuesto vigente mediante ajustes al presupuesto quinquenal.

En Uruguay, este proyecto debe presentarse durante el primer semestre de cada año, por lo que su envío antes del 30 de junio cumplió con los plazos constitucionales.

La importancia de una Rendición de Cuentas de "gasto cero"

Desde una perspectiva de responsabilidad fiscal, la primera Rendición de Cuentas de un nuevo gobierno debería ser, idealmente, una Rendición de Cuentas de "gasto cero"; es decir, sin aumentar el gasto público ni crear o incrementar impuestos.

Este criterio cobra especial importancia cuando el país enfrenta simultáneamente una elevada presión tributaria y un déficit fiscal significativo, como ocurre actualmente en Uruguay. En ese contexto, aumentar la carga impositiva puede afectar negativamente la inversión, el consumo, la generación de empleo y la competitividad de la economía.

La estrategia más conveniente consiste en mantener el nivel de gasto, reasignar partidas presupuestales y mejorar la eficiencia de la gestión pública. La peor alternativa es incrementar impuestos para financiar un mayor gasto, ya que ello tiende a profundizar los desequilibrios fiscales y económicos.

El proyecto presentado por el Ministerio de Economía

El proyecto remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas se aparta de esa lógica, al proponer un incremento del gasto de aproximadamente USD 31 millones, financiado, entre otras medidas, mediante la eliminación de beneficios fiscales vinculados a la importación de vehículos eléctricos.

Estas exoneraciones han constituido un incentivo eficaz para la renovación de la flota automotriz, favoreciendo la sustitución de vehículos impulsados por combustibles fósiles por tecnologías eléctricas. Además de sus beneficios ambientales, esta política contribuye a reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y fortalece la imagen internacional del país en materia de sostenibilidad.

El desvío entre las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto previstas en la Ley de Presupuesto y la realidad económica ha obligado al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento para cubrir el incremento del gasto. Las alternativas elegidas son aumentar la presión tributaria o recurrir a un mayor endeudamiento, dos caminos que resultan especialmente inconvenientes en un escenario de bajo crecimiento económico, elevado déficit fiscal y alta carga impositiva.

La resistencia a reducir el gasto público

De acuerdo con declaraciones del Ministro de Economía, Gabriel Oddone, el gobierno no considera que su mandato incluya la reducción del gasto público. Esta posición limita la posibilidad de avanzar en reformas orientadas a mejorar la eficiencia del Estado y liberar recursos para financiar aquellas funciones que verdaderamente resultan esenciales, como la protección de la infancia, el combate a la pobreza y la seguridad ciudadana.

Existen diversas áreas en las que podrían realizarse ajustes sin afectar la calidad de los servicios públicos, entre ellas:

Reducir gradualmente la plantilla de funcionarios públicos.

Reestructurar o cerrar empresas y sociedades estatales ineficientes.

Disminuir la cantidad de cargos de confianza y asesores, adecuando además sus remuneraciones a la realidad fiscal del país.

Vender o desinvertir en activos estatales no estratégicos, como la estancia María Dolores, cuya valuación aproximada de USD 32,5 millones permitiría financiar el incremento de gasto propuesto sin necesidad de aumentar impuestos.

Una preocupación adicional

Otro aspecto preocupante del proyecto consiste en la intención de eliminar una importante garantía para los administrados: el denominado "urgimiento".

Este instituto permite que, cuando la Administración no resuelve dentro de los plazos legales una petición o un recurso administrativo, el interesado pueda intimar formalmente a que se dicte una resolución expresa en un plazo de treinta días. Vencido ese término sin respuesta, queda configurada la denegatoria ficta, habilitando al administrado a continuar con las vías legales correspondientes.

Su derogación implicaría una reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos frente a la Administración Pública y debilitaría un mecanismo que contribuye a evitar demoras administrativas excesivas.

Conclusión

La forma más sana y sostenible de generar recursos para financiar las funciones esenciales del Estado consiste en reducir el gasto público improductivo y aliviar progresivamente la presión tributaria, destinando los ahorros obtenidos al fortalecimiento de las políticas sociales prioritarias y de la seguridad pública.

Aumentar impuestos en un contexto de elevada carga fiscal y déficit presupuestal no hace más que desalentar la actividad económica y limitar las posibilidades de crecimiento.

Una gestión pública responsable debe priorizar la eficiencia, la racionalización del gasto y la buena administración de los recursos antes que la búsqueda permanente de nuevos ingresos fiscales. Solo así será posible construir un Estado financieramente sostenible y al servicio de los ciudadanos.