Balance de un año de discusión presupuestal

Nos acercamos a fin de año y la norma más importante para el Gobierno —la que establece

los límites de su presupuesto quinquenal— está próxima a vencer el plazo constitucional

para su aprobación.

En Uruguay, las leyes de Presupuesto suelen ser textos extensos, con numerosos artículos

que abarcan contenidos muy diversos. A mi entender, este formato no responde a una

técnica legislativa apropiada.

Durante este último año nos hemos opuesto, de manera respetuosa pero firme, a las

normas tributarias y a las disposiciones que flexibilizan el secreto bancario promovidas por

el Gobierno. Consideramos que estas medidas se apartan de una tradición tributaria y de

protección de la privacidad que ha caracterizado a nuestro país como una nación libre y

soberana.

En primer lugar, se introducen modificaciones que implican aumentos de impuestos, pese al

compromiso asumido en campaña por el Presidente. Esto abre la legítima interrogante

sobre si el resultado electoral hubiera sido el mismo de haberse anunciado tales

incrementos. No se trata de especular, pero sí de recordar que fue un tema ampliamente

discutido y negado de forma categórica por el entonces candidato, hoy Presidente.

El aumento del IRPF sobre incrementos patrimoniales generados en el exterior, además de

cambiar las reglas de juego, contradice la tradición tributaria uruguaya, basada en el

principio de territorialidad.

A su vez, este incremento impositivo puede incentivar la salida de capitales hacia

jurisdicciones que no graven sus inversiones o ahorros, generando un efecto adverso para

el país.

La introducción del Impuesto Mínimo Global (IMG) plantea otro conjunto de dificultades.

Queda por verse cómo impactará en empresas instaladas en el país o en zonas francas,

muchas de las cuales eligieron invertir en Uruguay en función de un marco estable y neutral.

Sin ese marco, es razonable pensar que algunas podrían reconsiderar su permanencia o

futuras inversiones.

A nuestro entender, este impuesto carece de justificación suficiente, ya que lo

eventualmente recaudado difícilmente compense lo que se podría perder. Más preocupante

aún es que, bajo el argumento de alinearse a estándares internacionales definidos por la

OCDE —organismo al que Uruguay no pertenece—, podríamos generar tensiones con uno

de nuestros principales aliados comerciales: Estados Unidos. Este país no solo rechazó

categóricamente el impuesto, sino que advirtió sobre posibles retaliaciones fiscales y

arancelarias a quienes pretendan aplicárselo a empresas norteamericanas.

Finalmente, el proyecto presupuestal introduce una flexibilización del secreto bancario, lo

que implica ceder soberanía fiscal y garantías del contribuyente ante un nuevo reclamo de

la OCDE.

Es cierto que la intención inicial del Poder Ejecutivo —permitir el levantamiento del secreto

bancario sin intervención judicial— era claramente desproporcionada. La negociación con la

oposición atenuó esa propuesta, y el texto devuelto por el Senado a Diputados contemplaría

la intervención previa de la Justicia. Esto constituye una mejora significativa, que

corresponde reconocer tanto al oficialismo como a la oposición. También se informa que el

silencio judicial se consideraría denegatorio, lo cual es otro avance relevante.

Sin embargo, persiste un punto preocupante: el escaso plazo de 48 horas otorgado a la

Justicia para expedirse. Todos sabemos que es irrealista esperar que un organismo de esta

naturaleza pueda resolver con garantías en un tiempo tan exiguo.

Para concluir, celebramos que el Gobierno pueda contar con un Presupuesto que le permita

conducir al país, aunque hubiéramos deseado un texto más ajustado a nuestras tradiciones

y a la realidad uruguaya.