¿Cuál será el valor del dólar en 2026 y cómo evolucionará el mercado de trabajo?

Evidentemente, nadie puede dar una opinión absoluta sobre temas tan relevantes para el país. Solo intentaré aportar una visión personal basada en los cuatro pilares básicos que sostienen una economía saludable.

Este gobierno comenzó delineando un plan de desarrollo sustentado en un presupuesto que pone el foco en el aumento de los ingresos fiscales, proyecta un crecimiento del PBI y estima una baja considerable de la inflación.

El problema de apuntar a un incremento de los ingresos fiscales mediante la suba de impuestos, tasas y contribuciones es que el contexto económico no parece dar margen para un ajuste por esa vía. En el Presupuesto se crea un impuesto a las multinacionales que, según estimaciones oficiales, podría generar unos 600 millones de dólares anuales. A esto se suman el gravamen a los aumentos de capital de inversiones en el exterior y el denominado impuesto “TEMU”, que parece tener más un efecto simbólico hacia el comercio interno que un impacto estructural en la recaudación.

A estas medidas se agregan dos decisiones de fuerte impacto: la no devolución del FONASA y la modificación del parámetro de ajuste del IRPF.

No es el objeto de este análisis estudiar en detalle cada incremento impositivo —ya lo hemos hecho en otras oportunidades—, pero lo cierto es que estas medidas afectan a distintos actores económicos: grandes empresas generadoras de empleo, pequeños ahorristas e inversores de clase media, y trabajadores asalariados que ven incrementada su presión fiscal tanto por el IRPF como por la pérdida de excedentes del FONASA.

En cuanto a las grandes empresas, muchas pueden optar por reestructurarse o incluso abandonar el país. Uruguay tiene un mercado interno pequeño y, si se reducen los incentivos fiscales que originalmente atrajeron inversiones, pierde competitividad frente a otros países de la región. No somos Brasil ni Argentina, que pueden compensar una alta tributación con un mercado amplio. Por eso deberíamos apostar a un sistema tributario simple y competitivo. Basta observar el caso de Paraguay, que con una estructura impositiva más sencilla y menor presión fiscal se está convirtiendo en un polo regional de atracción de inversiones. De hecho, algunas empresas que dejaron Uruguay eligieron ese destino.

Respecto a la inflación, si bien el gobierno ha superado sus propias metas, este logro puede estar generando una sobrevaluación del peso frente al dólar. Cuando los precios internos suben menos que en el exterior, el tipo de cambio real tiende a bajar, encareciendo el peso en términos relativos.

Además, la autoridad monetaria impulsa un proceso de desdolarización de la economía. Sin embargo, algunas medidas pueden resultar contraproducentes, afectando sectores clave como la construcción —gran generadora de empleo— y el sector exportador de bienes y servicios, otro motor fundamental de la actividad económica. Si bien es deseable reducir la dolarización, a mi juicio ello solo sería sostenible con un superávit fiscal que permita a la Tesorería utilizar excedentes en pesos para comprar dólares con el objetivo de pagar intereses y amortizaciones de la deuda pública. De esta manera, el Estado absorbería pesos del mercado y, al mismo tiempo, sostendría un tipo de cambio más competitivo, evitando distorsiones en el proceso de desdolarización.

Tampoco puede desconocerse que la evolución internacional del dólar no contribuye a mejorar nuestro tipo de cambio real. Sin embargo, esto no debería ser una excusa, sino un incentivo para reducir el déficit fiscal. Entre otras razones, porque el repago de la deuda en dólares se vuelve relativamente más accesible.

Por último, la política económica no parece atacar el problema estructural de fondo: el gasto público. Uruguay mantiene un nivel de gasto elevado y, lo más preocupante, con baja eficiencia. Los servicios públicos que debería garantizar —salud, educación, seguridad y administración estatal— presentan deficiencias notorias.

En síntesis, mientras el gasto público se mantenga en niveles tan altos y sin mejoras sustanciales en su eficiencia, cualquier medida que adopte el gobierno difícilmente logrará un crecimiento sólido del PBI. Por el contrario, podría verse cada vez más obligado a aumentar impuestos o recurrir a mayor endeudamiento.