Las relaciones internacionales de nuestro Uruguay

Llegando al final del año, considero necesario hacer un balance sobre el desempeño de

Uruguay en materia de política internacional. A mi juicio, la actuación del país en varios

escenarios deja mucho que desear.

Siempre se ha dicho —y lo suscribo plenamente— que los países no tienen amigos, sino

intereses. Esta realidad es aún más evidente para un país pequeño como el nuestro. Ello no

obsta a que existan valores éticos que deben ser defendidos en toda circunstancia y que

están por encima de cualquier gobierno: la defensa de la libertad, la democracia y los

derechos humanos.

Con preocupación, observamos que hoy Uruguay mantiene una postura tibia en la defensa

firme de esos valores y, por el contrario, se muestra decidido a respaldar causas

indefendibles, como las de Venezuela o Cuba.

Comencemos por los casos más graves: la neutralidad frente a lo que ocurre en Venezuela

y en Cuba. Se trata de regímenes dictatoriales que vulneran de forma sistemática los

valores que deberían estar en la esencia de nuestra política exterior. Sin embargo, son

tratados con una indulgencia injustificable, como si se tratara de aliados, cuando no lo son

ni ideológica, ni económica, ni éticamente.

Esta actitud de neutralidad frente a dictaduras ignora, además, que un país aliado y amigo

—Estados Unidos, primera potencia mundial— observa con indulgencia nuestros reiterados

desaires. No obstante, esta conducta no nos beneficia ni desde el punto de vista ético ni

desde el comercial.

Esta neutralidad sesgada quedó nuevamente en evidencia durante la Cumbre del Mercosur

del 21 de diciembre de 2025 en Foz de Iguazú, cuando Uruguay no acompañó una

declaración firme suscripta por la mayoría de los miembros (Argentina, Paraguay y Bolivia),

así como por el país aspirante Panamá. La oposición del Brasil de Lula —y la excusa de

que la declaración no incluía una referencia a la actuación de Estados Unidos— terminó

sirviendo de justificación para la postura uruguaya.

Otro aspecto central es nuestra relación con el Mercosur, al que nos aferramos casi de

forma obstinada, pese a ser un instrumento que poco nos favorece. En este esquema

siempre seremos el socio pequeño, obligado a pedir autorización a los grandes para actuar.

La situación actual revela, al menos, que esos grandes no están alineados: el Brasil de Lula

se ubica en las antípodas de la Argentina de Milei, quien —a mi juicio— está mucho más

cerca de nuestros valores éticos y, sin duda, de nuestros intereses comerciales.

Brasil nunca se ha caracterizado por apoyarnos, independientemente del signo político de

sus gobiernos. Argentina, en cambio, sí lo ha hecho, tanto bajo administraciones de

izquierda o populistas como de derecha. Lo cierto es que el Mercosur se ha convertido en

un corsé para Uruguay, haciéndonos perder oportunidades clave: con Estados Unidos, con

China y también con la Unión Europea, con la que llevamos más de 25 años de

negociaciones sin resultados concretos.

Uruguay, especialmente bajo gobiernos de centro y centro-derecha, ha intentado abrirse al

mundo comercialmente, pero sus socios mayores no han acompañado ese esfuerzo. Creo

que ha llegado el momento de plantear una vía alternativa de inserción internacional, que no

nos mantenga atados al Mercosur y que nos permita negociar acuerdos de libre comercio

de manera bilateral, como lo ha hecho Chile.

El acuerdo con los países del Pacífico, iniciado durante la administración del expresidente

Lacalle Pou, es un claro ejemplo de que, cuando existe voluntad política aperturista, es

posible avanzar. Poco importa si quien inició el camino hoy es oficialismo u oposición: lo

relevante es construir una política de Estado que favorezca los intereses permanentes del

país.

Por último, Uruguay también debería dejar de mirar con ánimo de acercamiento a

organismos que más que ayudarnos nos perjudican, como la OCDE. Este no es un ámbito

adecuado para aspirar a una membresía; por el contrario, deberíamos mantener la mayor

distancia posible.

Uruguay necesita una política de Estado en materia de relaciones internacionales:

pragmática en la defensa de sus intereses comerciales y firme, sin ambigüedades, en la

defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. De ello depende el respeto

que logremos como país en el escenario internacional.