Competitividad: una buena señal que no alcanza

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, cuyo objetivo es mejorar la competitividad del Uruguay, tanto a nivel externo como doméstico.

A nuestro juicio, se trata de una de las primeras iniciativas que cumple con el requisito de avanzar hacia una mayor liberalización de la economía y que, al mismo tiempo, intenta atacar el excesivo costo de vida que enfrentan los uruguayos.

Por lo tanto, nobleza obliga: aunque consideramos que el proyecto es todavía muy tímido frente a la magnitud de los problemas que pretende resolver, entendemos que es una iniciativa que merece ser apoyada.

Ante este proyecto, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) ha planteado la necesidad de eliminar el artículo 140. Los industriales sostienen que la iniciativa no aborda suficientemente el problema de los altos costos de producción en Uruguay y que mantener este artículo podría empeorar las condiciones de competitividad de la industria nacional.

Como argumento adicional, desde la industria se advierte que, de mantenerse estas condiciones, podrían continuar cerrando empresas o líneas de producción.

Aquí, a nuestro juicio, debemos distinguir dos temas.

1. Producir en Uruguay es caro

Es cierto que producir en Uruguay es muy caro y que existen numerosos factores sobre los cuales el Gobierno podría actuar para mejorar la competitividad.

Los costos que enfrentan las empresas uruguayas son elevados en materia tributaria, laboral, energética y logística.

Además, el Estado uruguayo es pesado y, a pesar de la elevada presión fiscal, muchas veces no presta los servicios con la eficiencia y calidad que ciudadanos y empresas deberían esperar en áreas fundamentales como seguridad, salud, educación e infraestructura.

Ante esta situación, los industriales sostienen que la aplicación del artículo 140, que establece un mecanismo simplificado para el registro de importadores subsiguientes de productos ya registrados, podría generar una competencia asimétrica.

Hasta aquí, entendemos que les asiste razón.

El Gobierno debería mejorar las condiciones de competitividad reduciendo aquellos costos sobre los cuales tiene capacidad de actuar.

Los costos energéticos, por ejemplo, están condicionados por la estructura del mercado y el peso de empresas públicas como UTE y ANCAP. En materia laboral, Uruguay necesita discutir una actualización de su legislación que permita introducir una mayor flexibilidad y adecuarla a las nuevas características del mercado de trabajo.

La infraestructura también requiere una visión de largo plazo, basada fundamentalmente en las necesidades estratégicas del país y no solamente en situaciones coyunturales.

Y, por supuesto, está la presión tributaria, que en Uruguay se encuentra claramente por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

No parece razonable exigir permanentemente mayor productividad y competitividad al sector privado sin revisar, al mismo tiempo, los costos que el propio Estado impone sobre quienes producen, invierten y generan empleo.

2. Competitividad también significa aceptar la competencia

Pero también existe, por parte de importantes sectores industriales y exportadores, una histórica resistencia frente a una mayor apertura del mercado.

Desde la antigua política de sustitución de importaciones hasta nuestros días, distintos sectores empresariales han presionado para obtener ventajas o protecciones por parte del Estado, ya sea mediante trabas a la importación u otras políticas proteccionistas.

El problema es que este tipo de medidas puede terminar protegiendo actividades poco competitivas y trasladando el costo de esa protección hacia los consumidores.

La experiencia muestra que cuando se permite una mayor competencia de productos importados, muchos sectores de la industria nacional se ven obligados a redimensionarse, revisar sus estructuras, mejorar sus procesos y adaptarse.

Naturalmente, estos procesos pueden ser complejos y generar costos de transición. Pero proteger indefinidamente actividades ineficientes tampoco constituye una estrategia sostenible para el desarrollo del país.

Por el contrario, aquellas empresas capaces de adaptarse a la competencia tienen mayores incentivos para innovar, aumentar su productividad y ofrecer mejores productos y servicios.

Algo similar ocurre en el mercado laboral. Una economía más flexible y abierta puede generar procesos de adaptación, pero también nuevas oportunidades y mayores incentivos para mejorar la productividad.

Por eso, el objetivo debería ser avanzar simultáneamente en dos direcciones: reducir los costos internos y aumentar la competencia.

No se trata de abrir la economía ignorando las dificultades que enfrentan quienes producen en Uruguay. Pero tampoco parece razonable resolver esas dificultades cerrando el mercado o limitando artificialmente la competencia.

El verdadero problema de la competitividad

Hay mucho más para aportar en relación con este tema.

Sin embargo, existe una cuestión central que no debería perderse de vista.

Si el Estado actúa decididamente para mejorar la competitividad —reduciendo costos, desregulando la economía, eliminando regulaciones innecesarias, mejorando la infraestructura, revisando la existencia o estructura de aquellas empresas públicas que ya no se justifican y aplicando la ley ante situaciones que afectan actividades estratégicas, como ocurre con determinados conflictos en el Puerto—, los industriales tendrán cada vez menos argumentos para oponerse a una mayor competencia.

El artículo 140, por lo tanto, no debería analizarse aisladamente.

El verdadero problema es que Uruguay pretende introducir mayor competencia en determinados mercados sin haber resuelto todavía buena parte de los costos estructurales que afectan a quienes producen dentro del país.

Una buena intención que no debería quedar a mitad de camino

Como conclusión, podemos afirmar que las intenciones del Gobierno parecen ir en una dirección correcta.

Lo que no sería bueno es que todo quedara solamente en intenciones porque, como dice el conocido refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

Para presentar una ley que realmente aumente la competitividad no alcanza con una norma tímida que simplifique determinados procedimientos.

Uruguay necesita avanzar hacia reformas estructurales.

Muchas de las dificultades señaladas por la propia Cámara de Industrias —costos energéticos, laborales, tributarios, logísticos y regulatorios— deberían formar parte de una agenda de reformas mucho más ambiciosa.

Solo entonces el Gobierno estará en condiciones de reclamar, con mayor fundamento, que los empresarios se adapten a una economía más abierta y competitiva.

El Gobierno pretende reclamar mayor competitividad a los empresarios. Pero para hacerlo debe también concretar las reformas necesarias para que competir desde Uruguay sea posible.

La competitividad no puede reclamarse únicamente al sector privado. El Estado también tiene que competir en eficiencia.

Y para eso no alcanza con enviar un proyecto de ley al Parlamento.