¿Qué condiciones son necesarias para que una persona pueda vivir en libertad?

La libertad depende, en gran medida, de cómo está organizado el poder político, de los

límites que se le imponen y, fundamentalmente, de qué derechos efectivos tienen las

personas frente al Estado y frente a los demás.

En una economía capitalista y dentro de un sistema democrático, la persona suele disponer

de una serie de libertades esenciales:

● propiedad privada y libertad para emprender, contratar o elegir profesión;

● posibilidad de cambiar de empleo, desarrollar una actividad económica y acumular

patrimonio;

● pluralidad de medios de comunicación y existencia de organizaciones

independientes;

● elecciones competitivas, libertad de expresión y tribunales con autonomía frente al

poder político.

El argumento liberal sostiene que la propiedad privada y la competencia contribuyen a

dispersar el poder. Si el Estado no controla todos los empleos, las viviendas, las empresas,

los medios de comunicación y las distintas formas de generación de riqueza, resulta mucho

más difícil que pueda condicionar completamente la vida de los individuos.

En los regímenes comunistas o socialistas de partido único, en cambio, históricamente el

Estado ha tendido a concentrar simultáneamente el poder político y económico. Cuando el

partido gobernante controla los empleos, la producción, los medios de comunicación y, en

algunos casos, incluso el acceso a la vivienda, disentir puede significar no solamente sufrir

persecución política, sino también poner en riesgo los propios medios de subsistencia.

La ausencia de elecciones libres, de una oposición política efectiva y de una prensa

independiente termina completando esa concentración del poder y limitando severamente la

libertad individual.

Sin embargo, hay dos matices importantes que debemos tener presentes.

En primer lugar, también existen capitalismos autoritarios. Una economía basada en

empresas privadas puede coexistir con censura, persecución política, restricciones a las

libertades individuales y ausencia de elecciones verdaderamente competitivas. Por lo tanto,

la propiedad privada por sí sola no garantiza la libertad política.

En segundo lugar, existen democracias con políticas socialdemócratas. Países con

impuestos elevados, importantes servicios públicos y sistemas de protección social pueden

mantener plenamente la propiedad privada, el pluralismo político, la libertad de expresión y

las garantías individuales. Obviamente, no estamos hablando en estos casos de sistemas de partido único ni de economías en las cuales el Estado controle la totalidad de los medios

de producción.

También es importante distinguir dos conceptos de libertad.

Por un lado, la denominada libertad negativa, entendida como la posibilidad de que

ninguna persona y, especialmente, el Estado impidan arbitrariamente hablar, contratar,

desplazarse, emprender o disponer de los propios bienes.

Por otro lado, existe la llamada libertad positiva, vinculada a la posibilidad de contar con

determinadas condiciones —como educación, salud o ingresos mínimos— que permitan

ejercer efectivamente esas opciones.

Tradicionalmente, el liberalismo ha puesto mayor énfasis en la primera dimensión, mientras

que la socialdemocracia ha prestado mayor atención a la segunda.

El verdadero problema comienza cuando, en nombre de la igualdad, del bienestar o de

cualquier otro objetivo que pueda parecer inicialmente legítimo, el Estado comienza a

eliminar el pluralismo, restringir derechos y concentrar progresivamente un poder que deja

de tener controles efectivos.

Por eso, probablemente la afirmación más precisa sea que una persona tiende a ser más

libre allí donde existen democracia, Estado de derecho, derechos individuales,

propiedad privada, oportunidades económicas y límites efectivos al ejercicio del

poder, cualquiera sea la etiqueta política que se utilice.

El factor decisivo no es solamente quién posee las empresas o cuál es el nivel de

participación del Estado en la economía. Lo verdaderamente importante es determinar si el

ciudadano puede disentir, elegir, expresarse, trabajar, emprender, asociarse y, sobre todo,

cambiar pacíficamente a quienes gobiernan.

Los ideales pueden ser muy loables, pero también debemos ser pragmáticos. La

experiencia histórica demuestra la importancia de construir instituciones capaces de impedir

que el poder público se transforme progresivamente en un instrumento de dominación sobre

las personas.

Lo que mejor protege la libertad de los individuos frente a la posibilidad de ser dominados

arbitrariamente por el Estado —incluso cuando este invoque objetivos como la igualdad o el

bienestar general— es un sistema institucional en el cual el Estado cumpla eficazmente sus

funciones esenciales al servicio de las personas, pero encuentre al mismo tiempo límites

claros que le impidan avanzar sobre sus derechos.

Porque el avasallamiento de las libertades no siempre ocurre de un día para otro. Puede

producirse gradualmente, mediante pequeñas restricciones que individualmente parecen

tolerables, pero que, acumuladas, terminan alterando profundamente la relación entre el

ciudadano y el poder.

Y para finalizar, hay una frase ampliamente atribuida a Ronald Reagan que, con ironía,

sintetiza de manera contundente una crítica al socialismo y a su capacidad de funcionar en

la práctica: “El socialismo solo funciona en dos lugares: en el Cielo, donde no lo necesitan, y en

el infierno, donde ya lo tienen.”

Más allá de la contundencia de la frase, la reflexión de fondo sigue siendo plenamente

vigente: ningún ideal de igualdad o bienestar debería justificar la concentración

ilimitada del poder ni el sacrificio de las libertades individuales. La libertad necesita

instituciones que la protejan, ciudadanos dispuestos a defenderla y límites efectivos frente a

cualquier intento de avasallamiento de sus derechos.