¿Cuál es el tamaño óptimo que debería tener nuestro Estado?

Encontrar el tamaño mínimo y eficiente del Estado que permita cumplir sus funciones esenciales sin imponer una alta presión fiscal es un desafío complejo que depende de múltiples factores económicos, sociales y políticos. Sin embargo, existen principios y experiencias internacionales que permiten delinear un marco general para comprender este equilibrio.

A nivel mundial, dos países que suelen citarse como ejemplos de Estados relativamente acotados son Suiza y Singapur, cuyos niveles de gasto público se ubican aproximadamente entre el 25% y el 30% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Estos países han logrado desarrollar modelos donde el Estado pone especial énfasis en la educación, la innovación, la ciencia, la eficiencia administrativa, la participación privada en múltiples sectores y una regulación económica relativamente moderada.

En Uruguay, en cambio, tenemos un Estado grande en relación con el promedio de América Latina. Mientras que en la región el tamaño del Estado suele oscilar entre el 20% y el 33% del PIB, en nuestro país se sitúa aproximadamente entre el 33% y el 35%.

Sin embargo, más allá de su tamaño, el principal problema radica en que nuestro Estado es pesado, ineficiente y está acompañado por una elevada presión tributaria, que alcanzó aproximadamente el 27,3% en 2024.

El tamaño del Estado uruguayo es comparable al de Estados Unidos. Sin embargo, mientras este último destina además importantes recursos a defensa nacional para sostener su condición de primera potencia mundial, Uruguay presenta niveles de calidad de vida, infraestructura, desarrollo científico, tecnológico y universitario que aún se encuentran muy lejos de los estándares norteamericanos.

El hecho de contar con un Estado lento, excesivamente burocrático y con estructuras complejas genera una pérdida constante de competitividad, incrementa el gasto público y obliga, muchas veces, a elevar la carga tributaria para intentar financiar dicho gasto.

Un dato ilustrativo es que Uruguay cuenta con aproximadamente 310.000 funcionarios públicos para una población cercana a los 3.300.000 habitantes. Esto implica que cerca del 10% de la población trabaja en o para el Estado, una situación que merece un profundo análisis sobre su sostenibilidad y eficiencia.

Nuestro país debe evitar la excesiva burocracia y la duplicación de funciones dentro de la administración pública. No existe una fórmula única para lograr estos objetivos, pero sí pueden identificarse algunos principios generales que contribuyen a alcanzarlos:

• Priorizar el gasto en funciones esenciales y eliminar gastos superfluos.

• Incorporar tecnologías y procesos que reduzcan los costos administrativos.

• Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas para evitar ineficiencias, gastos mal controlados y hechos de corrupción.

Un Estado que cumpla adecuadamente sus funciones esenciales y que no se convierta en una carga para los ciudadanos, sino en la institución a la que estos delegan determinadas competencias para vivir en una sociedad organizada y armónica, debería concentrarse principalmente en:

• Seguridad y defensa nacional.

• Justicia y mantenimiento del orden público.

• Infraestructura básica, transporte, comunicaciones y energía.

• Educación y salud pública mínimas y de calidad.

• Regulación económica básica y protección de los derechos individuales.

CONCLUSIÓN

Si Uruguay quiere mejorar sus indicadores demográficos, detener la emigración de jóvenes capacitados, reducir los niveles de delincuencia y fortalecer su desarrollo económico, debe consolidar sus instituciones, que son las principales garantes de la libertad y la democracia.

Asimismo, resulta necesario repensar y modernizar estructuras estatales que, en muchos casos, han quedado rezagadas frente a las necesidades del siglo XXI. La racionalización y eficiencia del gasto público son condiciones fundamentales para que el ciudadano perciba que sus impuestos son utilizados adecuadamente y que responden a una finalidad legítima de servicio público.

Uruguay aún se encuentra lejos de alcanzar muchos de los objetivos que permitirían una mayor racionalización del Estado. Desde una perspectiva crítica, puede sostenerse que las corrientes políticas de orientación estatista tienden a dificultar los procesos de reforma y reducción del gasto público, privilegiando una mayor intervención estatal en detrimento de modelos más eficientes y sostenibles.