El Impuesto a la Riqueza: un riesgo para la economía uruguaya

A pesar de que el Gobierno del Presidente Orsi y su Ministro de Economía, Ec. Oddone, han descartado en reiteradas ocasiones la creación de un impuesto a la riqueza, ciertos sectores sociales afines al Frente Amplio y a la central sindical insisten, con un marcado sesgo ideológico, en promoverlo. Esta postura minoritaria, carente de sustento técnico y económico, desconoce que se trata de una medida nociva para el país, regresiva y con efectos contrarios a los que supuestamente busca.

¿Quién no desea erradicar la pobreza infantil? ¿Quién podría oponerse a una educación de calidad para todos? Estos son objetivos legítimos y compartidos por toda la sociedad. Sin embargo, el desafío está en elegir las herramientas adecuadas para alcanzarlos. El llamado “impuesto del 1% a la riqueza” es, precisamente, una de las menos convenientes.

Condiciones económicas y jurídicas adversas

Antes de crear un tributo, es imprescindible evaluar las condiciones fácticas y jurídicas. En el caso de Uruguay, la presión fiscal ya es elevada para un país que necesita con urgencia crecer y atraer inversión extranjera. Subir impuestos en este contexto dañaría la economía y afectaría directamente a los sectores que supuestamente se pretende proteger.

Además, un impuesto regresivo de este tipo desalentaría la inversión, frenaría el ingreso de capitales y generaría desconfianza internacional. El simple anuncio de su aplicación podría provocar la salida de patrimonios hacia países que ofrecen un marco tributario más previsible.

Dificultades de recaudación y alto costo burocrático

La implementación de un impuesto a la riqueza tendría bajos niveles de recaudación y un alto costo administrativo, generando más burocracia fiscal sin beneficios reales. Experiencias en otros países como Argentina y Francia demostraron su fracaso: fuga de capitales y posterior derogación del impuesto.

En la práctica, solo se podría gravar con cierta certeza a bienes no trasladables, como los inmuebles. Esto implicaría un doble gravamen sobre bienes ya alcanzados por el Impuesto al Patrimonio, afectando negativamente a sectores clave como la construcción, una de las industrias que más empleo genera en Uruguay y que aporta significativamente al BPS.

Impacto negativo en sectores estratégicos

El impuesto también desincentivaría inversiones en infraestructura rural de gran porte (plantas de celulosa, energías renovables, etc.) y afectaría el desarrollo del mercado de capitales, vital para atraer fondos destinados a tecnología, logística y otros sectores estratégicos. La consecuencia sería renunciar a la posibilidad de que Uruguay consolide su posición como hub de inversiones financieras.

Argumentos engañosos y realidad tributaria

Sus promotores suelen afirmar que el impuesto a la riqueza permitiría sustituir tributos al consumo como el IVA, al que califican de regresivo. Sin embargo, el IVA es un impuesto neutral y equitativo: paga más quien más consume, y consume más quien mayores ingresos tiene.

 Además, en Uruguay ya se grava la riqueza: se aplica el Impuesto al Patrimonio sobre activos locales y, desde hace años, también sobre rentas de capital e intereses generados en el exterior.

El rol del Estado y la distribución de la riqueza

Los impuestos son una herramienta necesaria para financiar el Estado, pero su administración debe ser responsable y eficiente. El concepto ideologizado de que es el Estado quien debe distribuir la riqueza ha fracasado históricamente: los países con economías cerradas y socialistas generaron pobreza y estancamiento, mientras que las economías abiertas y libres impulsaron desarrollo y prosperidad.

Conclusión

Crear o aumentar impuestos no es el camino para mejorar la distribución de la riqueza. La verdadera solución está en promover la movilidad social, basada en la libertad económica, la seguridad jurídica y políticas que incentiven el trabajo, la inversión y la innovación.