La Ley de Presupuesto y la OCDE

En reiteradas oportunidades me he referido a que Uruguay ha sido objeto de presión por parte de la OCDE. Considero que ha llegado el momento de plantarnos como país soberano y poner límites a estas exigencias.

El artículo 365 y el secreto bancario

El artículo 365 del proyecto de Ley de Presupuesto intenta dar respuesta a un reclamo de la OCDE: la flexibilización del secreto bancario.

El Foro Global de la OCDE ha insistido en que Uruguay deje de lado su tradicional defensa del derecho a la intimidad, consagrado en nuestra Constitución, y del debido proceso, ambos pilares esenciales de la democracia.

Lamentablemente, el Poder Ejecutivo parece ceder a esta presión. El proyecto habilita a la Dirección General Impositiva (DGI) a levantar el secreto bancario ante el pedido de un Estado extranjero, sin necesidad de la intervención previa de un juez.

Más allá de los pedidos internacionales

El texto va incluso más lejos: permitiría que la DGI, por sí misma y sin mediar solicitud de otro país, pueda requerir directamente al Banco Central información confidencial sobre las cuentas de una persona. Todo esto, sin informar al juez competente ni al titular de la cuenta.

A mi entender, se trata casi de un cheque en blanco para que la administración recaudadora actúe sin los límites propios de un Estado de Derecho.

Riesgos y consecuencias

Este tipo de disposiciones abre varias preocupaciones:

• Vulneración de derechos: debilita la protección constitucional de la intimidad y el debido proceso.

• Riesgo de mal uso: ¿qué garantías tendría un ciudadano sobre su seguridad personal o la de su familia si esta información cayera en manos de funcionarios inescrupulosos?

• Impacto en el sistema financiero: la sola discusión de este artículo puede generar nerviosismo entre inversores, incentivando el traslado de ahorros hacia jurisdicciones percibidas como más seguras.

Reflexión final

La inclusión del artículo 365 en la Ley de Presupuesto no es un tema menor. Implica una redefinición del equilibrio entre soberanía, derechos ciudadanos y compromisos internacionales.

Uruguay debe analizar con seriedad estas disposiciones, garantizando que el respeto por la intimidad y el debido proceso no se vea sacrificado en nombre de presiones externas.