top of page

La OCDE está comenzando su declive

  • Foto del escritor: Fernando Belhot
    Fernando Belhot
  • 24 nov 2025
  • 3 Min. de lectura

La OCDE, organismo internacional creado para influir en la política fiscal internacional, entre

otros asuntos, está integrada por 38 miembros plenos. En ella participan el G7 y el G20, por

lo que incluye a casi todos los países de Europa, Estados Unidos y muy pocos de América

Latina. Esto revela una clara falta de representatividad internacional, considerando que hoy

existen al menos 190 países miembros de la ONU.


La OCDE responde fundamentalmente a los intereses de los países más desarrollados, y se

financia con los aportes de sus miembros, siendo Estados Unidos el mayor contribuyente,

con aproximadamente el 20% del presupuesto.


Históricamente, la organización se ha caracterizado por aplicar criterios de coerción a

países que, aun sin ser miembros, se resisten a seguir sus lineamientos. Esta conducta

contrasta con la postura de la ONU en materia de fiscalidad internacional, que privilegia la

corrección y no la coerción.


Este enfoque ha llevado a la OCDE a impulsar que los impuestos se graven en el país

donde reside la casa matriz, y no en el país de la fuente, que es donde realmente se genera

la actividad económica y, por tanto, el tributo. A lo largo del tiempo, la organización ha

actuado en beneficio de sus miembros más poderosos, mientras exige a países pequeños

niveles de adaptación en materia fiscal y de transparencia que ni siquiera exige a sus

propios integrantes.


En los últimos años, la OCDE ha avanzado hacia imposiciones fiscales cada vez más

severas, basadas en criterios arbitrarios, lo que ha generado cansancio incluso entre sus

propios miembros. El caso más evidente es el reciente enfrentamiento con Estados Unidos,

su principal sostén.


La iniciativa de establecer un Impuesto Mínimo Global (IMG) para multinacionales llevó al

presidente Trump a ordenar que Estados Unidos dejara de aplicar dicho impuesto y a

amenazar con retaliaciones a los países que intenten aplicarlo a sus empresas. Su postura

—en defensa de sus compañías nacionales— es razonable y coherente: ningún país

permitiría que un organismo externo imponga cargas fiscales sobre sus empresas.


No solo Estados Unidos ha reaccionado. El llamado G77, compuesto por numerosos países

—incluida la gran mayoría de las naciones africanas—, ha comenzado a fortalecerse y a

votar en bloque para defender sus intereses en la ONU. Este grupo representa al 80% de la

población mundial.


En su búsqueda por incrementar la presión fiscal internacional, la OCDE ha intentado

presionar a países como Uruguay para obtener lo que denomina “mayor transparencia”,

aunque en realidad lo que busca es evitar la fuga de cualquier contribuyente de su radar.

Bajo amenazas veladas, intenta imponer la flexibilización del secreto bancario, del cual es

una enemiga histórica.


El secreto bancario en Uruguay es un derecho protegido constitucionalmente: solo puede

levantarse por razones de interés general y con autorización judicial previa. Sin embargo, en

la ley de Presupuesto que el Gobierno intenta aprobar, se incluyeron intentos de ceder ante

la OCDE. Por fortuna, la oposición se mantuvo firme en defensa del secreto bancario. Aun

así, el Gobierno continúa buscando algún nivel de flexibilización que logre “conformar” a la

organización.


Aquí surge la pregunta: ¿por qué Uruguay debería “agacharse” ante imposiciones

coercitivas de un organismo que históricamente nos ha maltratado, incluyendo nuestra

incorporación en listas grises y negras que afectaron la imagen de país serio?


Hoy la OCDE ha perdido incluso el respaldo de Estados Unidos, su principal soporte. El

presidente Trump rechazó el Impuesto Mínimo Global y además ordenó que la OCDE

dejara de recibir apoyo financiero del Committee of Appropriations, al considerar que su

política de promover aumentos impositivos no coincide con los intereses estadounidenses.


En conclusión, Uruguay debería mantener una actitud de dignidad soberana y negarse a

aceptar imposiciones de la OCDE que contradigan nuestros principios e intereses. El

Gobierno cuenta con argumentos más que suficientes para defender esta posición.

 
 
 

Comentarios


bottom of page